Ciudad de México.— El cerco se cierra. Tras más de una década de litigios, amparos y recursos legales, Grupo Salinas deberá pagar 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agotara todas las instancias de impugnación y confirmara la validez del adeudo fiscal.
Así lo confirmó el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien explicó que el requerimiento formal de pago será notificado en enero de 2026, marcando el inicio del plazo para que el conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego cumpla con sus obligaciones fiscales.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no se trata de un asunto político, sino estrictamente legal.
“Lo que dice la ley, a eso nos sujetamos. La Corte ya resolvió, se notifica en enero y esperemos que se pague; si no pagan, entonces viene el proceso correspondiente”, advirtió.
Sheinbaum subrayó que las dependencias del sector hacendario actuarán conforme al marco jurídico, y recordó que, aunque las empresas tienen derecho a solicitar descuentos o ajustes conforme al Código Fiscal de la Federación, eso no las exime de pagar.
La mandataria también reveló que el caso ha sido supervisado por la Procuraduría Fiscal, así como por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dada la magnitud del adeudo y su impacto en las finanzas públicas.
De acuerdo con el SAT, el adeudo deriva de impuestos sobre la renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, determinados desde 2013 mediante resoluciones administrativas. A lo largo de más de 10 años, el corporativo recurrió a tribunales y recursos legales, todos finalmente desechados.
Martínez Dagnino recordó que el artículo 31, fracción IV de la Constitución, obliga a todos los mexicanos —incluidas las grandes corporaciones— a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
“Invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”, señaló el funcionario, quien detalló que la ley permite solicitar reducciones de hasta 39 por ciento, siempre que se cumplan los requisitos y se actúe conforme a derecho.
Una vez notificado el requerimiento en enero, Grupo Salinas tendrá la opción de pagar de manera voluntaria o iniciar los trámites legales previstos por la ley. De no hacerlo, el SAT podrá proceder con medidas coercitivas, un escenario que abriría un nuevo capítulo en este caso emblemático de adeudos fiscales millonarios.
El mensaje del Gobierno federal es contundente: nadie está por encima de la ley, y los grandes empresarios también deben cumplir con el fisco. Ahora, la pregunta es clara: ¿pagará Ricardo Salinas lo que debe o volverá a estirar la liga legal?
