El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva polémica luego de impedir que autoridades estatales de Minnesota participen en la investigación del tiroteo mortal de una mujer de 37 años a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un hecho que ha desatado protestas masivas y fuertes cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.
Autoridades estatales denunciaron este jueves 08 de enero de 2026 que la fiscalía federal decidió excluir a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota (BCA) de la investigación, dejando el caso exclusivamente en manos del FBI. Se trata de una decisión inédita que rompe con los protocolos habituales, donde las autoridades locales participan activamente en este tipo de pesquisas.
El director de la agencia estatal de investigaciones, Drew Evans, confirmó en un comunicado que la BCA fue apartada completamente del caso y ya no tendrá acceso a las pruebas, a la escena del crimen ni a las entrevistas necesarias para realizar una investigación independiente y exhaustiva.
“La investigación ahora estará a cargo exclusivamente del FBI, y la BCA ya no tendrá acceso a los materiales del caso”, señaló Evans, quien agregó que la agencia estatal se retiró “a regañadientes”.
Inicialmente, las autoridades habían informado que la investigación se realizaría de manera conjunta entre el FBI y la BCA, pero esa decisión fue modificada posteriormente por la fiscalía federal, lo que generó desconfianza entre funcionarios estatales y locales.
La controversia se agrava debido a que el gobierno de Trump asumió una postura política sobre el caso incluso antes de que comenzara formalmente la investigación, calificando el tiroteo como un acto de “defensa propia” frente a un supuesto “terrorismo doméstico”, afirmaciones que, según autoridades locales, no están respaldadas por la evidencia disponible.
Protestas y versiones enfrentadas
El hecho ocurrió durante un operativo migratorio en Minneapolis, cuando la mujer, ciudadana estadounidense y madre de un niño de 6 años, se encontraba dentro de su vehículo, el cual bloqueaba una carretera. De acuerdo con los reportes, agentes de ICE le ordenaron que saliera del automóvil e intentaron abrirlo. En ese momento, ella arrancó el vehículo aparentemente para retirarse del lugar, y uno de los agentes le disparó en varias ocasiones.
Desde la noche del miércoles, cientos de personas han salido a las calles de Minneapolis para realizar vigilias y protestas, denunciando un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales. Las manifestaciones se extendieron por segundo día consecutivo, en medio de una creciente indignación social.
Las autoridades federales han defendido firmemente la actuación del agente involucrado, asegurando que la mujer intentó “atropellar” a los agentes y que utilizó su vehículo como un “arma letal”. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia que respalde esa versión.
Por el contrario, el alcalde de Minneapolis y funcionarios estatales rechazaron el argumento de la Casa Blanca. Señalaron que videos grabados por testigos muestran cómo la mujer desvió la dirección de su vehículo, aparentemente para evitar atropellar al agente que se encontraba frente a ella, lo que pone en duda la narrativa de defensa propia.
Una escalada en la política migratoria
El tiroteo marca una dramática escalada en los operativos de control migratorio implementados durante el gobierno de Trump en diversas ciudades del país. De acuerdo con autoridades y organizaciones civiles, esta es al menos la cuarta muerte relacionada con tiroteos protagonizados por agentes de ICE en el contexto de las recientes medidas represivas contra la inmigración.
Mientras las protestas continúan y crece la presión pública, la exclusión de las autoridades estatales de la investigación ha encendido alarmas sobre la transparencia del proceso y ha profundizado la desconfianza hacia el manejo federal del caso.
La muerte de la mujer en Minneapolis no solo ha generado conmoción, sino que se ha convertido en un símbolo de la creciente tensión entre el gobierno federal, los estados y la sociedad civil frente a la política migratoria y el uso de la fuerza en Estados Unidos.
