La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos de aspirantes a cargos públicos con la delincuencia organizada.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual estaría adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE) y serviría como enlace entre los partidos políticos y distintas autoridades de seguridad e inteligencia del país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que este nuevo órgano estaría integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años.
De acuerdo con la iniciativa, los partidos políticos podrán entregar voluntariamente la lista de sus aspirantes para que la comisión consulte información con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El objetivo, señaló Alcalde, es que los partidos tengan acceso a información que les permita tomar decisiones internas y evitar postular a personas con posibles nexos criminales.
La funcionaria aclaró que las dependencias no compartirán carpetas de investigación ni datos confidenciales, sino únicamente una clasificación sobre si existe un “riesgo razonable” relacionado con presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
Además, quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar por escrito ser evaluados por esta comisión, aunque el mecanismo no será obligatorio ni impedirá automáticamente el registro de candidaturas.
“No es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata. Simplemente la comisión entrega información al partido político y el partido toma sus decisiones internas”, subrayó Alcalde.
Por su parte, Sheinbaum explicó que la propuesta surge luego de diversos casos detectados desde el inicio de su administración relacionados con autoridades municipales presuntamente vinculadas con grupos criminales.
La mandataria recordó la llamada “Operación Enjambre” en el Estado de México, donde fueron investigados funcionarios municipales por posibles nexos con el crimen organizado. También mencionó el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, detenido por presuntos vínculos delictivos, así como recientes detenciones de presidentes municipales y trabajadores de ayuntamientos en Morelos.
Sheinbaum insistió en que se trata de casos aislados, pero consideró necesario crear mecanismos preventivos rumbo a las elecciones de 2027.
“Es importante que los partidos políticos puedan saber si una persona que postulan tiene o no algún antecedente”, afirmó la presidenta.
