En medio de gritos, pancartas y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional impulsada por Morena y sus aliados para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, una decisión que provocó fuertes críticas de la oposición, que acusó al oficialismo de intentar mantener el control político sobre el Poder Judicial.
Con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, el dictamen avanzó tras más de cuatro horas de intenso debate en San Lázaro, donde legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exhibieron pancartas con frases como “Corte patito”, “No más ministros chicharrón” y “Voto en contra de los acordeones”.
La reforma modifica diversos artículos de la Constitución y deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con propuestas de legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.
¿Qué cambia con la reforma?
El cambio principal es que la elección judicial prevista originalmente para 2027 ahora se realizaría hasta el primer domingo de junio de 2028.
Según el dictamen, el objetivo es evitar la saturación electoral que se tendría en 2027, año en el que coincidirían:
- La renovación de 500 diputaciones federales.
- Elecciones de 17 gubernaturas.
- Renovación de congresos locales en 31 estados.
- Elección de ayuntamientos en 30 entidades.
- Además de la renovación de cientos de cargos judiciales federales y locales.
Entre los puestos judiciales que estaban contemplados para renovarse se encuentran:
- Cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- 464 magistraturas de circuito.
- 386 juzgados de distrito.
La Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que el Instituto Nacional Electoral identificó complicaciones “normativas, operativas, logísticas, tecnológicas y presupuestales” ante la posibilidad de realizar todos esos procesos de manera simultánea.
Morena defiende el cambio
Diputados de Morena, PT y PVEM aseguraron que la reforma busca mejorar el nuevo modelo de elección judicial aprobado en 2024.
El legislador morenista Leonel Godoy Rangel afirmó que el objetivo es elevar la calidad de quienes participen en la elección judicial de 2028.
Además, negó que todos los aspirantes vayan directamente a una “tómbola”, al explicar que primero serán evaluados por comités especializados.
La reforma también contempla la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes, encargada de homologar criterios y revisar requisitos para las candidaturas judiciales.
Posteriormente, los comités de evaluación elegirán a las cuatro personas mejor calificadas para cada cargo y, mediante una insaculación pública, se reducirán las candidaturas a dos por posición, respetando la paridad de género.
Oposición acusa “politización” del Poder Judicial
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y lanzaron duras críticas al proyecto.
La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá aseguró que la reforma judicial aprobada en 2024 ya había “politizado” al Poder Judicial y acusó al oficialismo de querer eliminar contrapesos.
“Nunca nadie les pidió que desmadraran al Poder Judicial”, lanzó desde tribuna.
Por su parte, la emecista Claudia Ruiz Massieu advirtió que aplazar la elección no corrige los problemas de fondo y sostuvo que las nominaciones seguirán siendo políticas y no meritocráticas.
Desde el PRI, Rubén Moreira presentó una moción suspensiva para frenar la discusión y criticó la posibilidad de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones judiciales.
“Jueces a modo y no se evita el uso del acordeón”, afirmó mientras mostraba un supuesto acordeón de votación.
También pidió mecanismos para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y cuestionó qué ocurrirá si un candidato es asesinado o secuestrado durante una campaña.
En tanto, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla acusó a Morena de mantener vínculos con el crimen organizado y aseguró que existe un creciente descontento ciudadano.
Magistrados permanecerán más tiempo
Otro de los puntos más polémicos de la reforma establece que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyo periodo terminaba en 2027, permanecerán en funciones hasta 2028.
Además, la iniciativa incluye capacitación permanente para personas juzgadoras en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial y establece que las autoridades electorales no podrán modificar resultados ni asignar cargos después de concluida la elección.
Tras aprobarse en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso y citó a los diputados para continuar la discusión en lo particular este miércoles a las 09:00 horas.
