Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto de 2026 el ejercicio de su cargo como gobernador constitucional de Sinaloa, después de permanecer 112 días separado de la gubernatura, en medio de una crisis política derivada de señalamientos provenientes de Estados Unidos y de investigaciones que, de acuerdo con la información disponible, no han quedado completamente cerradas.
El propio Rocha Moya anunció su regreso y sostuvo que, después del periodo en el que estuvo separado del cargo y de las investigaciones realizadas, no existen elementos de prueba que acrediten su participación en algún delito. Sin embargo, su reincorporación no significa que la controversia política haya terminado.
Por el contrario, el regreso del mandatario ocurre en un escenario en el que PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Sinaloense han cuestionado su permanencia al frente del gobierno estatal, mientras que desde Morena y el Gobierno federal se ha defendido la necesidad de respetar las investigaciones y evitar acusaciones sin pruebas.
Rocha retoma la gubernatura después de 112 días
La decisión de Rocha Moya ocurre luego de que se separara temporalmente del cargo mientras se desarrollaban investigaciones relacionadas con los señalamientos que surgieron en su contra.
El gobernador sostiene que durante este periodo enfrentó las investigaciones correspondientes y que no fueron encontrados elementos suficientes para acreditar que hubiera cometido algún delito.
Su regreso representa, por tanto, un mensaje político importante: Rocha Moya considera que las acusaciones no deben impedirle continuar al frente del gobierno de Sinaloa.
Pero la oposición tiene una lectura completamente diferente.
Movimiento Ciudadano mantiene la presión
Uno de los partidos que más ha endurecido su postura contra Rocha Moya es Movimiento Ciudadano.
Antes de que se conociera el regreso del gobernador, el partido había solicitado que se iniciara un proceso de desafuero contra Rocha y otros funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses.
El diputado Pablo Vázquez Ahued incluso pidió que el juicio político contra el mandatario fuera incorporado al periodo extraordinario del Congreso.
La dirigencia nacional de MC, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, también había impulsado el desafuero tras los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
Por ello, una de las preguntas que quedan abiertas es qué hará ahora Movimiento Ciudadano frente a la reincorporación de Rocha Moya.
El PRI también cuestionó al gobernador
El PRI tampoco ha dado por cerrado el episodio.
El dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno, llegó a advertir que el caso Rocha Moya podía tener implicaciones incluso en la relación entre México y Estados Unidos.
La crítica del PRI no se limitó al ámbito estatal, sino que intentó colocar el caso como parte de una discusión nacional sobre seguridad, política exterior y presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.
El senador Luis Armando Melgar del Partido Verde también lanzó una fuerte crítica al gobernador al señalar que “tarde o temprano, la verdad alcanza a todos”, cuestionando la versión oficial y planteando la existencia de posibles acuerdos o protección política alrededor del mandatario sinaloense.
PAN, PRI y MC utilizan el caso para golpear a Morena
Para la oposición, el caso Rocha Moya se convirtió además en un argumento para cuestionar a Morena.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han utilizado los señalamientos contra el gobernador como parte de una ofensiva política más amplia contra el partido en el poder.
La discusión ha girado alrededor de una pregunta particularmente delicada: ¿hasta dónde llegan las responsabilidades políticas cuando existen acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses, pero no hay elementos suficientes para proceder penalmente?
La oposición sostiene que la ausencia de elementos suficientes para detener o procesar a Rocha no necesariamente equivale a que todas las dudas políticas hayan quedado resueltas.
El PAS también cuestiona su regreso
En Sinaloa, el Partido Sinaloense tampoco considera que el asunto esté cerrado.
Su dirigente estatal, Robespierre Lizárraga Otero, cuestionó el regreso de Rocha Moya y señaló que persiste una profunda incertidumbre debido a las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este posicionamiento resulta relevante porque muestra que las dudas alrededor del gobernador no provienen exclusivamente de los partidos nacionales de oposición.
Ojo: investigación abierta no significa absolución
Uno de los puntos que más cuidado requiere al abordar el caso es la situación jurídica de Rocha Moya.
El gobernador sostiene que no existen elementos de prueba que acrediten su participación en un delito.
La Fiscalía General de la República, por su parte, había informado que no existían pruebas suficientes anexadas a la solicitud estadounidense para justificar una detención provisional y que era necesario que Estados Unidos aportara mayor información.
Sin embargo, esto no equivale jurídicamente a una absolución.
La diferencia es importante: una cosa es señalar que no existen pruebas suficientes para proceder penalmente y otra muy distinta afirmar que una autoridad judicial declaró formalmente inocente o absolvió al gobernador.
De acuerdo con la información contenida en el material proporcionado, la investigación permanecía abierta y la FGR había señalado que no existían elementos suficientes para proceder penalmente contra Rocha y otros funcionarios señalados.
Por eso, periodísticamente, no sería correcto presentar el regreso de Rocha como una “absolución”, salvo que exista una resolución formal que así lo determine.
Las investigaciones relacionadas con Cuén y “El Mayo” siguen siendo un factor
La controversia tampoco puede separarse de las investigaciones que involucran al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, así como distintos elementos relacionados con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
La FGR reactivó investigaciones relacionadas con el homicidio de Cuén y con una posible intervención del crimen organizado en la elección de 2021, proceso en el que Rocha Moya resultó ganador.
De acuerdo con el material proporcionado, estas investigaciones también contemplan elementos relacionados con el caso Zambada-Cuén.
Y el regreso de Rocha ocurre, además, en un momento particularmente sensible para Sinaloa.
Este mismo viernes se reportó la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como un personaje relevante dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Zambada-Cuén.
Sheinbaum ha defendido a Rocha, pero con una condición
En medio de la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura.
Durante la etapa más complicada del caso, Sheinbaum sostuvo que, si no existían pruebas claras contra Rocha Moya, los señalamientos podían tener un objetivo político.
Al mismo tiempo, la presidenta dejó claro que nadie sería protegido si existieran pruebas contundentes y defendió la posición de México frente a posibles acciones o señalamientos provenientes del extranjero.
Esa postura coincide con el discurso que ahora acompaña el regreso de Rocha: rechazo a las acusaciones sin pruebas, defensa de la soberanía nacional y respaldo a la continuidad institucional del gobierno de Sinaloa.
Dos versiones completamente enfrentadas
El regreso de Rocha Moya deja sobre la mesa dos narrativas políticas.
La versión de Rocha y Morena
La primera sostiene que el gobernador se separó temporalmente del cargo, enfrentó las investigaciones correspondientes y que no existen pruebas que acrediten que haya cometido un delito.
Desde esta perspectiva, las acusaciones fueron utilizadas políticamente para golpear a Morena y generar presión sobre el gobierno de Sinaloa.
La versión de la oposición
PAN, PRI, MC y sectores de la oposición sostienen que la falta de pruebas suficientes para proceder penalmente no significa que todas las acusaciones hayan sido aclaradas.
Desde esta perspectiva, el regreso de Rocha no debería cerrar el debate político ni impedir que continúen las investigaciones y las exigencias de rendición de cuentas.
El verdadero problema para Morena podría ser 2027
Más allá de la disputa inmediata, el regreso de Rocha Moya tiene una lectura electoral.
Sinaloa tendrá elección de gobernador en 2027, por lo que la controversia puede convertirse en uno de los temas centrales de la próxima batalla política.
Para Morena, mantener el control del estado implicará defender los resultados de su administración y, al mismo tiempo, responder a las acusaciones que la oposición seguramente utilizará durante el proceso electoral.
Para PAN, PRI, MC y otras fuerzas opositoras, el caso representa una oportunidad para intentar construir una narrativa alrededor de seguridad, corrupción, crimen organizado y presunta protección política.
Rocha regresó, pero la crisis política no necesariamente terminó
Así, Rubén Rocha Moya ya está nuevamente al frente del gobierno de Sinaloa, pero su regreso está lejos de representar el cierre definitivo de la controversia.
La discusión ahora se trasladará al terreno político: qué harán los partidos de oposición, si continuarán los procedimientos legislativos que habían sido planteados, qué ocurrirá con las investigaciones de la FGR y cómo evolucionarán los casos relacionados con Cuén y “El Mayo”.
Y, sobre todo, quedará una pregunta de fondo:
¿El regreso de Rocha Moya cierra finalmente la crisis en Sinaloa o apenas abre un nuevo capítulo de la batalla política rumbo a 2027?
