El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez regresó este lunes 31 de agosto al Senado en medio de una fuerte polémica por los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Durante una conferencia de prensa, Inzunza rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que son parte de una ofensiva política y mediática en su contra. Ante la pregunta directa sobre si es un “narcolegislador”, respondió:
“No lo soy. Nunca he sido narco nada. Ni narcobibliotecario, ni narcotaquero, ni narcomagistrado, ni narcolegislador”.
El legislador fue todavía más contundente al declararse inocente: “Yo soy constitucional y verídicamente inocente. Son patrañas las que se me atribuyen”, afirmó.
Una defensa política ante acusaciones graves
Inzunza sostuvo que los señalamientos pretenden manchar una trayectoria de más de 25 años en el servicio público. Antes de llegar al Senado, fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa durante casi 11 años y posteriormente ocupó la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.
El senador cuestionó que, después de más de cuatro meses de la publicación del documento del Departamento de Justicia estadounidense, no se haya presentado —según su versión— “una sola prueba” que sustente las imputaciones.
Sin embargo, el punto más delicado del caso permanece: las acusaciones estadounidenses no son menores y plantean presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y una organización criminal con enorme capacidad operativa.
De acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, Inzunza habría participado en una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico. Entre los cargos señalados se encuentran asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armamento con fines relacionados con el tráfico de drogas.
El señalamiento contra Los Chapitos
La acusación estadounidense sostiene que Inzunza habría mantenido una relación directa con la facción de Los Chapitos, a quienes presuntamente se habría brindado protección desde el aparato estatal.
Según esa versión, funcionarios del gobierno estatal habrían permitido a integrantes de la organización criminal utilizar a la Policía Estatal de Sinaloa para transportar y almacenar drogas, a cambio de beneficios políticos que permitieran mantener a funcionarios corruptos en posiciones de poder.
Además, la fiscalía estadounidense señala presuntamente a Inzunza como un enlace de comunicación entre dirigentes del cártel y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya.
Son acusaciones particularmente graves que, por su naturaleza, requieren distinguir entre señalamientos contenidos en una acusación judicial y hechos que hayan sido demostrados ante un tribunal.
Inzunza no pedirá licencia, pero se aleja de Morena
A diferencia de otros funcionarios señalados políticamente, Inzunza descartó solicitar licencia para separarse de su escaño.
No obstante, anunció una decisión políticamente significativa: dejará el grupo parlamentario de Morena en el Senado, argumentando que busca evitar que la controversia alrededor de su caso siga siendo utilizada para golpear al movimiento de la Cuarta Transformación.
La decisión deja una pregunta abierta: ¿su salida de la bancada será suficiente para contener el costo político de las acusaciones o terminará convirtiéndose en otro frente de presión para Morena y el gobierno de Sinaloa?
Por ahora, Inzunza sostiene que todo se trata de una campaña política en su contra. Del otro lado, las acusaciones estadounidenses plantean un escenario mucho más serio: presuntos acuerdos entre funcionarios y una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa.
El choque entre ambas versiones apenas comienza, y la gran incógnita será si las autoridades estadounidenses presentan nuevas pruebas que respalden sus señalamientos.
