Cancún, Quintana Roo.— La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, enfrenta un escenario político y judicial cada vez más delicado luego de que información publicada por El Financiero revelara que la funcionaria es objeto de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por distintas líneas relacionadas con presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de huachicol fiscal y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El caso adquiere todavía mayor relevancia porque, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto citadas por El Financiero, Estados Unidos habría retirado las visas de Ana Paty Peralta, de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas de las cancelaciones y tampoco se ha establecido que la decisión migratoria esté directamente relacionada con las investigaciones que se desarrollan en México.
¿Qué investiga la FGR a Ana Paty Peralta?
De acuerdo con la información publicada por El Financiero, las investigaciones federales contemplan diferentes líneas relacionadas con el entorno de la presidenta municipal.
Una de ellas está relacionada con el presunto uso irregular de recursos públicos, estructuras y personal del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.
La FGR busca determinar el origen y destino de los recursos bajo investigación, quién habría ordenado su utilización, cómo fueron presuntamente canalizados y qué funcionarios pudieron haber participado.
El objetivo de las indagatorias es establecer si existieron operaciones irregulares y determinar las posibles responsabilidades individuales.
Huachicol fiscal: otra de las líneas de investigación
Otra de las vertientes señaladas por El Financiero está relacionada con el huachicol fiscal, término utilizado para describir esquemas de ingreso irregular de hidrocarburos al país mediante posibles mecanismos de evasión fiscal y aduanera.
En esta investigación aparece la empresa Ingemar, S.A. de C.V., relacionada con pesquisas federales por presuntas operaciones de transporte de hidrocarburos mediante ferrotanques.
Según la información referida por El Financiero, las investigaciones apuntan a operaciones mediante 163 ferrotanques que habrían transportado más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectados.
Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en esas operaciones, cuál fue el destino de los recursos y si existió alguna conexión con personas del entorno de la alcaldesa.
El señalamiento más delicado: presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Pero la parte que mayor impacto genera dentro de la investigación es la relacionada con presuntos contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información en poder de El Financiero, la FGR busca establecer quiénes serían esas personas, cuál habría sido la naturaleza de los contactos y si esos supuestos vínculos tienen alguna relación con las investigaciones por huachicol fiscal y presunto desvío de recursos públicos.
Las autoridades deberán determinar si esas relaciones tienen alguna relevancia penal y, sobre todo, si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual judicialización.
Aquí existe una precisión fundamental: hasta el momento se trata de líneas de investigación ministerial y no de hechos acreditados mediante una sentencia judicial.
Por lo tanto, los señalamientos publicados no significan que Ana Paty Peralta haya sido declarada culpable de algún delito.
Estados Unidos retira visas al entorno familiar
A la investigación mexicana se suma la información sobre la cancelación de visas estadounidenses.
Fuentes con conocimiento del caso citadas por El Financiero señalaron que Estados Unidos habría retirado las visas de:
- Ana Patricia Peralta de la Peña
- Lucio Galileo Lastra Abreu, esposo de la alcaldesa
- Lucio Galileo Lastra Escudero, suegro de la alcaldesa
Hasta ahora, Estados Unidos no ha hecho públicas las razones específicas de estas decisiones.
Tampoco se ha establecido públicamente que las cancelaciones estén relacionadas directamente con las investigaciones de la FGR.
Por ello, la cancelación de una visa no puede presentarse por sí misma como prueba de la comisión de un delito.
Ana Paty Peralta niega las acusaciones
Ante los señalamientos, Ana Paty Peralta ha rechazado cualquier acusación en su contra.
La alcaldesa aseguró que su visa estadounidense y todos sus documentos se encuentran en orden, PERO SIN PRESENTAR PRUEBA ALGUNA.
De esta manera, mientras la información publicada por El Financiero coloca a la funcionaria bajo el escrutinio público, será la FGR la que deberá determinar si existen pruebas suficientes para establecer responsabilidades.
Un escándalo que sacude a Cancún
El caso representa un serio desafío político para la administración municipal.
La investigación toca asuntos particularmente sensibles: recursos públicos, posibles operaciones de huachicol fiscal y presuntos contactos con personas relacionadas con una organización criminal.
Y a esto se agrega la información sobre la cancelación de visas estadounidenses de tres integrantes del entorno familiar de la alcaldesa.
Pero una cosa es una investigación y otra muy distinta una sentencia.
Hasta ahora no existe una resolución judicial que declare culpable a Ana Paty Peralta por los hechos señalados.
La FGR tendrá que establecer qué ocurrió realmente, quiénes participaron y si existen elementos que permitan llevar el caso ante un juez.
¿Qué sigue para Ana Paty Peralta?
El verdadero alcance del caso dependerá de lo que encuentren las autoridades durante las investigaciones.
Si las pesquisas no encuentran elementos suficientes, algunas de estas líneas podrían no avanzar. Pero si aparecen pruebas que acrediten operaciones ilícitas o responsabilidades concretas, el escenario podría cambiar radicalmente.
Por ahora, la alcaldesa enfrenta un fuerte cuestionamiento público derivado de una investigación federal que, según El Financiero, contempla presunto desvío de recursos, posibles operaciones relacionadas con huachicol fiscal y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La cancelación de las visas estadounidenses añade todavía más incertidumbre, aunque sus motivos oficiales siguen sin hacerse públicos.
El caso, por lo tanto, está lejos de estar cerrado.
La gran pregunta es qué encontrará finalmente la Fiscalía General de la República y si las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias.
