La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el presunto delito de traición a la patria abrió un nuevo frente político que involucra a la gobernadora Maru Campos, el ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano y las versiones sobre una posible ruptura entre ambos funcionarios. En medio de la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un acuerdo con la mandataria estatal para responsabilizar únicamente al exfuncionario.
La presidenta sostuvo que su gobierno no establece pactos políticos para determinar quién debe enfrentar a la justicia y aseguró que las investigaciones deben avanzar conforme a la ley, sin que las diferencias partidistas influyan en las decisiones de las autoridades.
“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó Sheinbaum, quien también advirtió que la política no debe utilizarse para perseguir adversarios ni convertirse en un mecanismo para evitar responsabilidades legales.
La controversia surge después de que Jáuregui fuera detenido por su presunta participación en los hechos relacionados con un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en el que habrían intervenido agentes estadounidenses sin la autorización correspondiente del Gobierno federal.
El caso ha colocado bajo escrutinio la actuación de las autoridades de Chihuahua y ha abierto interrogantes sobre quién autorizó la participación extranjera, qué información conocían los funcionarios estatales y si se vulneraron disposiciones de seguridad nacional.
¿Maru Campos traicionó a Jáuregui para frenar su aspiración a la alcaldía?
Detrás del caso también existe una disputa política que podría explicar la ruptura entre la gobernadora y quien durante más de una década fue uno de sus colaboradores más cercanos.
Antes de su detención, Jáuregui buscaba competir por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Chihuahua capital. Sin embargo, esa aspiración chocaba con los movimientos políticos alrededor de la sucesión local y con el respaldo de Campos al actual alcalde, Marco Antonio Bonilla, quien forma parte de su grupo político.
El conflicto tomó fuerza después de que la gobernadora responsabilizara públicamente al exfiscal y a otros integrantes de la Fiscalía estatal de haber actuado sin informarle sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra un presunto laboratorio clandestino.
Campos sostuvo que no tenía conocimiento de los alcances de esa operación y afirmó que nadie que haya trabajado en su gobierno está por encima de la ley. Por su parte, el entorno de Jáuregui ha cuestionado el papel de la mandataria y ha señalado que la detención podría estar relacionada con su aspiración política.
Estas acusaciones alimentaron la versión de que el exfiscal habría sido abandonado por su antigua aliada para sacarlo de la competencia por la alcaldía. No obstante, no existe una prueba pública concluyente que demuestre que Maru Campos haya promovido su detención con ese propósito.
La coincidencia entre el conflicto por el operativo de la CIA y la disputa por la candidatura municipal ha convertido el caso en una crisis que trasciende el ámbito judicial y exhibe divisiones dentro del panismo de Chihuahua.
Sheinbaum rechaza que exista un acuerdo para proteger a la gobernadora
En este escenario, Claudia Sheinbaum negó que su administración haya pactado con Maru Campos para que César Jáuregui sea el único responsable de las presuntas irregularidades.
La mandataria federal insistió en que el expediente debe avanzar conforme a las pruebas y las disposiciones legales aplicables. También sostuvo que la investigación no responde a una declaración política, sino a presuntas violaciones a las normas de seguridad nacional.
Sheinbaum destacó la gravedad del delito que se atribuye al exfiscal y señaló que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que puedan acreditarse.
La presidenta también rechazó que exista un acuerdo para encarcelar a alguien por motivos políticos, al insistir en que la justicia debe actuar sin pactos ni negociaciones partidistas.
El punto central: ¿quién autorizó la participación de agentes de la CIA?
Más allá de las acusaciones cruzadas, la pregunta fundamental es quién conocía y autorizó la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en un operativo realizado en Chihuahua.
La investigación federal busca esclarecer las circunstancias en las que los estadounidenses participaron en acciones contra el crimen organizado sin la autorización federal que, según las autoridades, era necesaria. El operativo terminó con la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente vehicular.
La responsabilidad penal de Jáuregui, así como el posible conocimiento o intervención de otros funcionarios estatales, deberá establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
El caso enfrenta así dos interrogantes políticos: si la ruptura entre Maru Campos y su exfiscal responde a la búsqueda de responsabilidades por el operativo o si la disputa por el control político de Chihuahua también influyó en el distanciamiento.
Por ahora, la acusación de que Campos traicionó a Jáuregui para impedirle competir por la alcaldía permanece como un señalamiento político, no como un hecho judicialmente demostrado. Mientras tanto, el proceso contra el exfiscal podría revelar hasta dónde llegaban las decisiones dentro de la Fiscalía estatal y qué sabían los distintos niveles de gobierno sobre la presencia de agentes extranjeros.
