El Órgano Interno de Control detectó una presunta red de colusión entre cinco empresas que concentraron contratos por 2 mil 461 millones de pesos durante 11 años. Además, cinco servidores públicos ya enfrentan procedimientos por faltas administrativas graves.
Un nuevo escándalo sacude al Instituto Nacional Electoral (INE). Una presunta estructura de colusión entre empresas proveedoras de material electoral habría operado durante más de una década, concentrando contratos millonarios mediante concursos que simulaban competencia y que, de acuerdo con las investigaciones, permitieron inflar artificialmente los precios hasta 88 veces entre 2021 y 2024.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló que cinco empresas vinculadas entre sí recibieron contratos por un total de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, tanto del organismo electoral nacional como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el funcionario calificó el problema como histórico y estructural, al advertir que las compañías habrían construido un mecanismo para controlar el mercado de abastecimiento de materiales electorales.
Carvente Contreras describió el esquema como una maquinaria que opera mediante un andamiaje de colusión entre oferentes, con empresas que aparentemente compiten entre sí, pero que mantienen vínculos y representantes legales compartidos.
De acuerdo con su exposición, esta estructura habría permitido que las compañías actuaran como un oligopolio, con capacidad para influir en los precios y limitar la competencia real en las contrataciones públicas.
Cinco empresas concentraron contratos millonarios
El titular del OIC detalló que cinco compañías concentraron el 77 por ciento de los 2 mil 461 millones de pesos contratados durante el periodo analizado, equivalente a mil 883.95 millones de pesos.
Las empresas señaladas y los montos que habrían obtenido son:
- Cajas Graf: mil 72 millones 876 mil 165.40 pesos, mediante contratos con el INE y 20 organismos electorales locales.
- Formas Finas y Materiales: 815 millones 961 mil 175.06 pesos.
- Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil 552.46 pesos.
- Comercializadora JVLY: 208 millones 386 mil 239.14 pesos.
- Seriplast de México: 85 millones 123 mil 981.43 pesos.
Según la explicación presentada ante los legisladores, los representantes legales y apoderados de estas compañías participan de manera cruzada en distintas firmas, lo que constituye uno de los elementos que apuntan a una posible simulación de competencia.
Como ejemplo, Carvente mencionó a José Alfredo Hernández Casillas y a su hermano, quienes tendrían participación en dos o tres de las empresas involucradas.
El funcionario también hizo referencia a los vínculos cercanos de Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, un señalamiento que añade un nuevo elemento de controversia al caso.
Cinco funcionarios del INE ya enfrentan procedimientos
Pero las revelaciones no terminaron con el presunto oligopolio de proveedores. Carvente Contreras informó que cinco servidores públicos del INE ya fueron formalmente determinados por faltas administrativas graves y comenzaron sus respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa.
El funcionario explicó que el Órgano Interno de Control integra alrededor de 18 expedientes relacionados con los hechos que han sido objeto de información pública.
De ese total, cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa, mientras que otros 13 continúan bajo investigación.
A las cinco personas involucradas ya se les entregaron citatorios para comparecer en sus respectivas audiencias iniciales.
El titular del OIC precisó que, de los 13 expedientes que permanecen abiertos, ocho derivan de auditorías y cuatro corresponden a desgloses de un expediente maestro. Las investigaciones continúan para reunir pruebas, esclarecer las irregularidades y determinar las posibles responsabilidades individuales.
Entre los hallazgos preliminares se encuentran posibles conflictos de interés y ocultamiento de conflictos de interés, aunque el funcionario evitó revelar la identidad de las personas investigadas y las conductas específicas atribuidas a cada una.
El caso podría llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Carvente Contreras explicó que, una vez concluidas las etapas correspondientes, los expedientes serán remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que asumirá la competencia para analizar las pruebas, desahogar las diligencias, abrir el periodo de alegatos y finalmente emitir una resolución.
El funcionario también advirtió que las presuntas irregularidades no deben entenderse únicamente como un problema relacionado con la coyuntura que involucra a Guadalupe Taddei, sino como una estructura que habría operado durante años y que alcanza tanto al INE como a los organismos electorales de las entidades.
La revelación de contratos por miles de millones de pesos, las sospechas de competencia simulada y el inicio de procedimientos contra cinco servidores públicos colocan nuevamente bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos dentro de las instituciones electorales.
Ahora, las investigaciones deberán establecer quiénes participaron, cómo funcionó el presunto esquema y si existieron responsabilidades administrativas o posibles delitos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién permitió que durante más de una década un grupo de empresas concentrara contratos millonarios para abastecer de material electoral a las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México?
