La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, reavivó la polémica en torno al caso Ayotzinapa al emitir una nueva recomendación de más de 800 páginas en la que deslinda de responsabilidad institucional al Ejército Mexicano y acusa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber construido una “Anti-Verdad Histórica”.
El documento, publicado el 2 de julio, representa un cambio de fondo en la postura del organismo, al sostener que las Fuerzas Armadas no participaron en las agresiones, persecuciones ni en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La CNDH niega responsabilidad institucional del Ejército
En su recomendación, la Comisión afirma que los elementos militares no tenían facultades legales para intervenir directamente durante los hechos ocurridos en Iguala y sostiene que el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería ofreció apoyo a las autoridades locales, pero éste fue rechazado porque aseguraron que la situación estaba bajo control.
Respecto al episodio ocurrido en el Hospital Cristina, donde sobrevivientes denunciaron intimidaciones por parte de soldados, la CNDH asegura que los militares únicamente inspeccionaron a los jóvenes para confirmar que no estaban armados, ofrecieron disculpas tras conocer que eran estudiantes, solicitaron atención médica para los heridos y posteriormente abandonaron el lugar.
Asimismo, el organismo sostiene que, si existieran responsabilidades de integrantes del Ejército por posibles omisiones o vínculos con el crimen organizado, éstas corresponderían exclusivamente a conductas individuales y no a una responsabilidad institucional.
Rechaza versión sobre militar infiltrado en Ayotzinapa
Otro de los puntos más controvertidos del informe es el relacionado con Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Aunque documentos internos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que López Patolzin era un militar activo asignado a labores de inteligencia mientras estudiaba en la Normal Rural de Ayotzinapa, la CNDH rechaza que haya sido un infiltrado o espía.
Según la Comisión, el joven cursaba sus estudios con autorización militar bajo un esquema previsto en el reglamento castrense para facilitar la formación académica del personal y afirma que las Fuerzas Armadas desconocían que se encontraba entre los desaparecidos hasta días después, cuando su familia acudió a solicitar apoyo.
La CNDH arremete contra el GIEI
El documento también dedica amplios apartados a cuestionar el trabajo del GIEI, al que acusa de privilegiar una narrativa política por encima de la búsqueda de los estudiantes.
La Comisión sostiene que los expertos internacionales construyeron una denominada “Anti-Verdad Histórica”, centrada en responsabilizar al Ejército, y afirma que sus aportaciones para localizar a los normalistas fueron prácticamente inexistentes.
Además, asegura que el GIEI nunca presentó denuncias penales pese a contar con facultades para hacerlo y considera que intentó imponer conclusiones preconcebidas que terminaron condicionando las investigaciones.
Incluso, la recomendación acusa al grupo de promover la idea de una supuesta “gran confabulación de Estado” para incriminar a las Fuerzas Armadas y rechaza la versión de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina hayan ocultado información, asegurando que todas las solicitudes de documentos realizadas por los expertos fueron atendidas.
Persisten investigaciones y procesos judiciales
La nueva postura de la CNDH contrasta con investigaciones previas del propio GIEI y con los procesos judiciales actualmente abiertos.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han recordado que 17 militares continúan vinculados a proceso por su presunta participación en el caso.
En sus informes finales, el GIEI sostuvo que autoridades civiles, militares y de inteligencia conocieron en tiempo real lo ocurrido durante la llamada Noche de Iguala, pero ocultaron información, manipularon evidencias y construyeron versiones falsas para impedir el esclarecimiento de los hechos.
La nueva recomendación de la CNDH vuelve a colocar el caso Ayotzinapa en el centro del debate nacional y anticipa una nueva confrontación entre las instituciones del Estado, las organizaciones de derechos humanos y los representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
