La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad, debido a los graves riesgos que representan para su salud, especialmente cuando se consumen junto con alcohol.
Con 401 votos a favor, los legisladores avalaron modificar los artículos 215, 216 y 419 de la ley, y establecieron que la Secretaría de Salud (Ssa) será la encargada de definir qué sustancias y mezclas deben considerarse como “energéticas” y bajo qué categorías serán reguladas. La minuta fue enviada al Senado para continuar su trámite legislativo.
Riesgos para la niñez y juventud
Durante el debate —que duró poco más de 45 minutos—, diputadas y diputados coincidieron en que la medida busca proteger el interés superior de la niñez, ya que los efectos de estas bebidas son especialmente dañinos en organismos que aún no han alcanzado la madurez.
El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) advirtió que las bebidas energéticas, aunque se promocionan como inofensivas, contienen altas dosis de azúcar, cafeína y otras sustancias estimulantes que pueden provocar alteraciones en el ritmo cardiaco, presión arterial, insomnio, ansiedad e incluso crisis de ansiedad o depresión.
Otros legisladores alertaron sobre el consumo combinado con alcohol, el cual en casos extremos puede derivar en consecuencias fatales, ya que estas bebidas enmascaran la intoxicación alcohólica y aumentan el riesgo de accidentes.
Críticas a la industria
La diputada Amancay González Franco (MC) acusó a las empresas productoras de tener un “enfermizo interés” por ampliar su mercado “a costa del desarrollo de niños y jóvenes”, y lanzó una pregunta que resonó en el pleno: “¿Qué queremos, vida o alas?”
Por su parte, la legisladora Abigail Arredondo (PRI) subrayó que el 43% de los consumidores mezcla estas bebidas con alcohol, lo que incrementa los riesgos de problemas cardiovasculares, híper estimulación del sistema nervioso y muertes espontáneas.
Regulación y campañas
Además de prohibir la venta a menores, la reforma establece que los establecimientos deberán verificar la mayoría de edad mediante una identificación oficial válida antes de realizar la venta.
La Ssa también será responsable de emitir alertas sanitarias, restricciones de consumo y normas oficiales, así como de impulsar junto con las autoridades educativas campañas informativas sobre los riesgos de estos productos.
Con esta reforma, el Congreso busca dar un paso decisivo hacia la protección de la salud infantil y adolescente frente a una industria que ha sido señalada por su agresiva publicidad y por minimizar los riesgos de sus productos.
