La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la banda mexicana de indie rock Camilo Séptimo, y de tres integrantes de su entorno familiar dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) revelara detalles sobre el posible móvil y la participación de dos personas señaladas como sospechosas.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre, dentro de un domicilio del Fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, en el inmueble fueron localizados sin vida Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y Aleyda Romero, trabajadora de la familia.
El único sobreviviente fue el hijo de Jonathan, un menor de aproximadamente cinco años, quien fue localizado dentro de una habitación sin lesiones evidentes y posteriormente entregado a sus abuelos.
El Bitcoin, una de las principales líneas de investigación
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de las autoridades es el posible interés de los agresores por una supuesta fortuna en criptomonedas.
Según la reconstrucción presentada por la FGJEM, los sospechosos habrían considerado que la familia tenía una importante cantidad de dinero en Bitcoin y buscaban localizar lo que describieron como una especie de “caja fría” que presuntamente contenía activos digitales por millones de dólares.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el objetivo habría sido apoderarse de esos recursos. A cambio de su participación, Gerardo “N” presuntamente recibiría 2 millones de pesos.
Los objetos que habrían utilizado para someter a las víctimas
La investigación también estableció que Gerardo “N” habría recibido instrucciones para conseguir diversos objetos antes de acudir al domicilio.
Entre ellos se encontraban desarmadores, dispositivos electrónicos, cinchos, guantes negros, cubrebocas y cinta adhesiva industrial. De acuerdo con la Fiscalía, varios de estos artículos coincidirían con los utilizados para someter y maniatar a las víctimas.
La reconstrucción de los hechos coloca a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” dentro del inmueble durante un periodo comprendido aproximadamente entre las 17:30 y las 20:00 horas del 1 de septiembre.
La salida del inmueble y el arma con silenciador
Otro de los elementos relevantes surgió de los registros de seguridad del fraccionamiento.
A las 19:41 horas, Diego Sebastián “N” habría sido observado en el estacionamiento, aunque no utilizó el mismo elevador por el que había ingresado al inmueble. Dos minutos después, ambos señalados habrían abandonado el lugar a bordo de un automóvil gris.
La Fiscalía también recabó el testimonio de una persona de seguridad privada, quien habría señalado que Diego Sebastián “N” mostró un arma de fuego y exigió que se levantara la pluma de acceso para evitar que el vehículo fuera revisado.
El arma tendría un elemento particularmente relevante para la investigación: un silenciador.
De acuerdo con la versión atribuida al principal sospechoso, después de los hechos el arma habría sido desensamblada y arrojada a una barranca. La utilización de un silenciador también sería consistente con que los vecinos no reportaran haber escuchado detonaciones.
La Fiscalía busca reconstruir qué ocurrió dentro del domicilio
Aunque las autoridades han presentado una línea de investigación relacionada con el supuesto robo de criptomonedas, todavía quedan interrogantes por esclarecer sobre la secuencia exacta de los acontecimientos y el papel que habría desempeñado cada uno de los señalados.
La FGJEM también informó que buscará obtener una entrevista con el menor sobreviviente, quien hasta ahora permanece bajo el cuidado de sus abuelos. La institución señaló que el niño aún no había sido presentado para las valoraciones psicológicas y de trabajo social correspondientes.
El caso continúa bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad penal de los señalados conforme avance el proceso.
La presunta fortuna en Bitcoin, los registros de seguridad, los objetos utilizados para someter a las víctimas y el arma con silenciador se han convertido en piezas centrales para intentar esclarecer uno de los casos que más ha impactado al Estado de México en 2026.
