Tulum, Quintana Roo. — Un conflicto derivado del programa de Pagos por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha generado tensión en la comunidad de Chanchen Palmar, municipio de Tulum, donde los pobladores decidieron retener 13 bicicletas de montaña y 15 cascos como medida de presión, ante presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del proyecto.
Según la información, el programa federal fue otorgado a la comunidad como parte de los esfuerzos por conservar los recursos naturales, incluyendo asesoría técnica para su desarrollo. Las asesoras asignadas al proyecto fueron colaboradoras de la organización UNORCA CN Quintana Roo (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas), quienes pertenecerían a su vez a la organización GEOS RURAL A.C., con sede en Felipe Carrillo Puerto.
El conflicto se origina cuando en febrero de este año, dos trabajadoras de UNORCA, identificadas como Margelly N. y Yessica N., rentaron 13 bicicletas y 15 cascos a Bruno Fabian Martínez Martin para supuestamente realizar actividades con estudiantes de la Universidad de Chapingo en Chanchen Palmar. Sin embargo, posteriormente se descubrió que las bicicletas se habrían presentado ante la comunidad como parte de los recursos del proyecto de CONAFOR, respaldadas por una factura a nombre de otra persona.
Además, Bruno Fabian Martínez Martin la persona afectada por el arrendamiento no ha recuperado su equipo desde hace más de 178 días, lo que ha afectado directamente su actividad laboral, al tratarse de su herramienta principal de trabajo.
En paralelo, la comunidad denunció no haber recibido recursos del programa en los últimos tres años, pese a que los proyectos datan de 2021 o 2022. La CONAFOR, según se indica, habría solicitado trabajos de seguimiento del proyecto este año, sin embargo, al momento del reclamo, notificó que existía un adeudo por falta de comprobación. La comunidad afirma no haber recibido fondos recientemente ni información clara sobre los manejos del presupuesto.
Como medida de presión, la comunidad mantiene en resguardo las bicicletas y cascos. En respuesta, la Sra. Margelly N. presentó una denuncia en la Fiscalía de Tulum, acusando la sustracción del equipo y presentando documentación que el arrendador califica como falsa, incluyendo un supuesto contrato y el uso no autorizado del nombre del proyecto Báalam Nah, además de involucrar a personas que niegan su participación.
Hasta el momento, no ha habido solución por parte de las organizaciones involucradas ni devolución del equipo. La parte afectada ha iniciado una carpeta de denuncia (No. de caso 238, carpeta de investigación 159) en la Fiscalía de Felipe Carrillo Puerto, pero el proceso legal sigue en curso.
El caso pone en entredicho la transparencia con la que algunas organizaciones intermediarias gestionan los recursos de programas federales en comunidades rurales. Las personas afectadas exigen reparación del daño, devolución del equipo, y sobre todo, mayor supervisión y rendición de cuentas por parte de las instancias oficiales, como la CONAFOR . ¿Que dirá de todo el titular de la Comisión Nacional Forestal, el Ing. Sergio Humberto Graf Montero?
