El destino del contralmirante Fernando Farías Laguna parece estar sellado: el banquillo de los acusados en territorio mexicano. Tras confirmarse su ubicación en Argentina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que su administración no permitirá que el alto mando evada la justicia, activando un operativo jurídico de alto nivel para concretar su extradición o deportación inmediata.
El peso de la ley: La orden de Sheinbaum
Desde el Salón Tesorería, la mandataria nacional fue enfática: no habrá consideraciones especiales, a pesar del linaje familiar del detenido (sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán). La instrucción es clara: traerlo de vuelta para que enfrente los cargos por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
La estrategia del Gobierno de México se divide en dos frentes legales:
- La vía de la expulsión: Aprovechando que Farías Laguna ingresó a Argentina con un pasaporte falso, México busca que sea deportado de inmediato, ahorrando meses de litigio.
- El proceso de extradición: En caso de que la justicia argentina opte por el camino largo, la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene lista la solicitud formal basada en la orden de aprehensión vigente.
“Estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina”, sentenció Sheinbaum, subrayando que la SRE ya coordina esfuerzos con las autoridades sudamericanas.
Limpieza profunda en la Marina
Más allá del trámite diplomático, Sheinbaum resaltó que este caso es un mensaje para las Fuerzas Armadas. La presidenta recordó que fue la propia Secretaría de Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Morales, la que impulsó las denuncias tras detectar la red de corrupción interna.
¿Qué le espera en México? A su llegada, el contralmirante deberá responder por su presunta participación en el huachicol fiscal, una estructura delictiva que permitía la entrada de combustible ilegal al país para evadir el pago de impuestos, utilizando la infraestructura y el poder de la corporación para beneficio propio.
Con la detención de Farías Laguna, el Gobierno Federal busca dar el golpe final a una de las redes de corrupción más sofisticadas detectadas en la frontera, asegurando que, sin importar el cargo o el apellido, la extradición es el único camino para quienes traicionaron la confianza de la institución.
