En una decisión que sacude la política económica y exterior de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés al presidente Donald Trump al dictaminar que violó la ley federal al imponer aranceles generalizados sin autorización del Congreso.
Con una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal concluyó que el mandatario se extralimitó al utilizar una ley diseñada para emergencias nacionales para justificar gravámenes masivos a casi todos los socios comerciales del país. La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien fue respaldado por los jueces progresistas y por dos conservadores clave: Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts. Y fue contundente: si el Ejecutivo quiere imponer aranceles, necesita una autorización clara del Congreso.
La Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a establecer aranceles de esta magnitud. Trump se convirtió en el primer mandatario en invocar esta norma para justificar impuestos comerciales generalizados, argumentando que eran esenciales para la seguridad económica del país.
En desacuerdo quedaron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Este último advirtió que el fallo no resolvió qué ocurrirá con los miles de millones de dólares ya recaudados, lo que podría desatar un complejo proceso judicial y administrativo.
¿Qué pasará con el dinero?
Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado 134 mil millones de dólares en aranceles impugnados, según datos oficiales. Sin embargo, economistas del Penn-Wharton Budget Model estiman que la cifra real podría superar los 175 mil millones de dólares.
La Corte no definió si el gobierno deberá devolver esos recursos a más de 301 mil importadores afectados. Esa tarea probablemente quedará en manos de tribunales inferiores, abriendo la puerta a una batalla legal de enormes proporciones.
Impacto global
Los aranceles fueron una pieza central de la estrategia económica de Trump durante su segundo mandato. Formaron parte de una renovada guerra comercial que tensó relaciones con socios clave y generó volatilidad en los mercados financieros internacionales.
El fallo representa la derrota más significativa de la actual administración ante una Corte que, en otros casos recientes, había fallado a favor del presidente en temas como inmigración, despidos en agencias independientes y recortes de gasto público.
Más allá del impacto político, la sentencia redefine los límites del poder presidencial en materia comercial. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso —y no al presidente— la autoridad para imponer impuestos y aranceles. Con esta decisión, la Corte reafirma esa línea divisoria.
El debate ahora no solo es jurídico, sino económico: ¿podrá el gobierno absorber el golpe financiero si se ordenan reembolsos masivos? Y más aún, ¿cómo afectará esta resolución a la estrategia comercial de Estados Unidos frente a potencias como China?
La batalla por los aranceles no ha terminado, pero el mensaje del máximo tribunal es claro: incluso en tiempos de tensión económica global, el poder presidencial tiene límites.
