La tensión política y judicial en México subió de nivel luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, en medio de investigaciones que involucran acusaciones de narcotráfico y presuntas operaciones encubiertas con agentes de la CIA.
La FGR informó que Rocha Moya fue llamado a “rendir entrevista” por las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos, donde se le señala, junto con otros ex funcionarios sinaloenses, de supuestamente haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa para proteger actividades criminales.
El caso ha generado impacto internacional desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, el pasado 29 de abril, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición contra varios ex funcionarios ligados al gobierno de Sinaloa. Entre los señalados aparecen ex mandos policiacos, ex funcionarios estatales e incluso colaboradores cercanos al gobernador con licencia.
De acuerdo con la investigación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades estadounidenses sostienen que existió una red de protección al cártel de Sinaloa desde estructuras oficiales. Sin embargo, el gobierno mexicano ha solicitado pruebas concretas que acrediten los presuntos delitos antes de proceder legalmente.
En este mismo contexto, la FGR aclaró que las citaciones tienen como objetivo “avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones y precisó que Rocha Moya deberá comparecer ante el Ministerio Público Federal para aportar información sobre el caso.
Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue citada en calidad de testigo dentro de una investigación por delitos contra la seguridad nacional relacionada con un polémico operativo antidrogas realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Según la FGR, en dicho operativo habrían participado dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, lo que desató una fuerte controversia sobre la presencia de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio mexicano.
La Fiscalía indicó que también fue citado el ex fiscal general de Chihuahua para esclarecer cómo se desarrolló el operativo y quién autorizó la participación de los agentes estadounidenses.
Tras darse a conocer los citatorios, la Secretaría de Gobernación salió a aclarar que las comparecencias son únicamente parte del procedimiento legal y aseguró que las investigaciones “no tienen interés político”, sino que se realizan conforme a la ley.
El caso ya provoca fuertes reacciones en el escenario nacional, pues involucra acusaciones explosivas de narcotráfico, extradiciones, cooperación internacional y posibles violaciones a la soberanía nacional.
