La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revocó una suspensión favorable a Grupo Xcaret ha encendido el debate nacional: mientras la empresa promete continuar la batalla legal, voces del pueblo maya advierten que la decisión no resuelve la injusticia de fondo.
Tras el fallo, Grupo Xcaret emitió una postura institucional en la que reiteró su respeto a las autoridades y aseguró que esperará la resolución definitiva una vez concluido el proceso legal. La empresa subrayó que, fiel a su compromiso con la legalidad, seguirá utilizando todos los recursos jurídicos disponibles hasta alcanzar una resolución final.
Además, la compañía afirmó que esta decisión no afecta en absoluto la operación de sus parques ni la experiencia de sus visitantes, justo en un periodo clave como la Semana Santa. También reafirmó su disposición de mantener el diálogo y la colaboración con las comunidades mayas, bajo principios de respeto mutuo.
Sin embargo, el trasfondo del caso va mucho más allá de lo legal.
La SCJN determinó que el contrato presentado por la empresa —relacionado con el uso de elementos del patrimonio cultural maya— no cumple con los requisitos jurídicos necesarios, debilitando así la suspensión que le permitía continuar con el uso de dicho material promocional. Esta decisión fortalece la protección del patrimonio cultural indígena, especialmente tras las reformas recientes que reconocen estos bienes como propiedad colectiva de los pueblos originarios.
Aun así, representantes del pueblo maya consideran que el fallo, aunque importante, es insuficiente.
Pedro Uc Be, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, señaló que la resolución sienta un precedente, pero no resuelve el problema estructural de apropiación cultural. Denunció que no solo empresas, sino también el propio Estado mexicano, han incurrido en prácticas similares para explotar símbolos y recursos sin consulta adecuada.
Incluso mencionó casos recientes como el proyecto del Tren Maya y la explotación de recursos naturales, donde —según afirma— persisten abusos hacia las comunidades indígenas.
Mientras tanto, el proceso legal sigue abierto. La resolución de la Corte no es definitiva, por lo que Grupo Xcaret aún podría revertir el caso en instancias posteriores.
El choque está lejos de terminar: por un lado, una de las empresas turísticas más poderosas del país defendiendo su modelo; por el otro, comunidades indígenas exigiendo respeto total a su identidad y patrimonio.
El fallo ya hizo historia… pero la justicia completa, dicen, todavía no llega.
