Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reveló un cambio radical en la política migratoria del país: agentes federales ahora se atribuyen la facultad de entrar por la fuerza a viviendas particulares sin una orden firmada por un juez, una medida que ha encendido alertas entre defensores de derechos civiles y comunidades migrantes.
El documento, obtenido por The Associated Press, autoriza a los agentes de ICE a ingresar a domicilios con el uso de la fuerza basándose únicamente en una orden administrativa de arresto, siempre que la persona buscada tenga una orden final de deportación. Esta directriz rompe con años de lineamientos oficiales y con la recomendación histórica de que los agentes solo pueden entrar a un hogar con una orden judicial, en apego a la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El memorando, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, sostiene que ni la Constitución, ni la Ley de Inmigración, ni las regulaciones vigentes prohíben el uso exclusivo de órdenes administrativas para realizar arrestos dentro de viviendas privadas. Sin embargo, el documento no explica cómo se llegó a esa conclusión ni evalúa las posibles consecuencias legales.
Redadas sin juez y con fuerza
La nueva política surge en medio de una expansión masiva de arrestos migratorios impulsada por la administración de Donald Trump, que ha desplegado miles de agentes en todo el país como parte de una campaña de deportaciones a gran escala.
Un caso reciente ocurrido el 11 de enero en Minneapolis evidenció el alcance de la directriz: agentes de ICE irrumpieron violentamente en la casa de un ciudadano liberiano con equipo táctico y armas largas, pese a contar únicamente con una orden administrativa. No existía autorización judicial para el ingreso.
De acuerdo con el memo, los agentes deben identificarse, tocar la puerta y explicar el motivo de su presencia. El ingreso solo puede ocurrir entre las 6:00 y las 22:00 horas, y se debe dar a los ocupantes una “oportunidad razonable” de cooperar. No obstante, si el acceso es negado, el documento autoriza el uso de “fuerza necesaria y razonable” para entrar.
Denuncias internas y posible inconstitucionalidad
La organización Whistleblower Aid informó que representa a dos funcionarios federales que denunciaron la existencia de esta política “secreta y aparentemente inconstitucional”. Según la denuncia, el memorando no ha sido distribuido oficialmente, pero se utiliza para entrenar a nuevos agentes, incluso contradiciendo los manuales escritos del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Uno de los denunciantes solo pudo leer el documento bajo supervisión y tuvo que devolverlo sin tomar notas. Finalmente, el memo fue entregado legalmente al Congreso.
Expertos legales y organizaciones civiles advierten que la medida socava la Cuarta Enmienda, que protege a todas las personas en Estados Unidos contra cateos y detenciones arbitrarias, independientemente de su estatus migratorio.
Respuesta del gobierno
La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que las personas arrestadas con órdenes administrativas ya tuvieron “debido proceso” y cuentan con una orden final de deportación. Añadió que tanto el Congreso como la Corte Suprema han reconocido el uso de órdenes administrativas en casos migratorios, aunque no precisó si estas permiten el ingreso forzado a domicilios.
Hasta ahora, ICE no ha aclarado cuántas veces se ha aplicado esta directriz ni en cuántas redadas se ha ingresado a viviendas sin orden judicial.
Tormenta legal en puerta
Defensores de derechos humanos anticipan una ola de demandas judiciales contra la política, al considerar que representa un retroceso histórico en las protecciones constitucionales y un golpe directo a las recomendaciones legales que durante años se dieron a comunidades migrantes: no abrir la puerta sin una orden firmada por un juez.
Mientras tanto, la revelación del memo ha intensificado el debate nacional sobre los límites del poder migratorio y el futuro de las libertades civiles en Estados Unidos.
