El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará ante la Fiscalía General de la República (FGR) las presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo. La denuncia podría alcanzar no solamente a la exconsejera presidenta, sino también a funcionarios de distintas áreas y niveles que pudieran estar involucrados en posibles actos ilícitos.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que las diez consejerías electorales acordaron instruir a sus equipos jurídicos para integrar la denuncia correspondiente y poner los hechos en conocimiento de la FGR, con el propósito de que las autoridades investiguen y determinen si existen responsabilidades penales.
De acuerdo con la funcionaria, el documento legal podría presentarse a más tardar este miércoles 4 de noviembre. Aclaró que no se trata de una acusación dirigida exclusivamente contra una persona, sino de abrir la posibilidad de que se investigue a cualquier servidor público que pudiera haber participado en las presuntas irregularidades.
Cruz García explicó que las investigaciones podrían extenderse desde la oficina de la entonces presidenta del INE hasta la Secretaría Ejecutiva, direcciones, subdirecciones y otras áreas administrativas del organismo.
La presidenta provisional también precisó que el instituto no presentará una lista específica de personas señaladas, ya que corresponde a la Fiscalía determinar quiénes podrían tener alguna responsabilidad a partir de los indicios y elementos que se encuentren.
Revisan contratos millonarios y posibles irregularidades
La denuncia se produce en medio de los cuestionamientos sobre la asignación de contratos durante la administración de Guadalupe Taddei, particularmente por posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la relación con empresas proveedoras de servicios y materiales electorales.
Entre los contratos bajo revisión se encuentra el relacionado con la producción de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
Blanca Cruz informó que el INE continúa revisando los procedimientos de contratación y no descartó que, si las investigaciones encuentran elementos suficientes, puedan tomarse decisiones administrativas, incluida la eventual rescisión de contratos, siempre mediante los procedimientos legales correspondientes.
Además, adelantó que el Consejo General del organismo discutirá el jueves un acuerdo con acciones y medidas para facilitar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La funcionaria aseguró que el instituto proporcionará todas las facilidades tanto a la ASF como al Órgano Interno de Control (OIC), instancias que también mantienen abiertas revisiones relacionadas con posibles irregularidades.
Ya suman 30 renuncias tras la salida de Taddei
La revisión de la estructura administrativa del INE también ha provocado movimientos importantes al interior del organismo.
Hasta el 3 de noviembre, el instituto reportó 30 renuncias de funcionarios, de las cuales 17 corresponden a integrantes de la oficina que encabezaba Guadalupe Taddei, incluido su entonces jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.
Entre los movimientos también figuran salidas de titulares y responsables de áreas estratégicas, como la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y otras dependencias relacionadas con la operación administrativa y electoral.
Las diez consejerías mantienen la revisión de los puestos directivos y de las áreas que integran la Junta General Ejecutiva, como parte de un proceso de reorganización institucional tras la salida de Taddei, quien presentó su renuncia el pasado 26 de octubre.
Con la próxima presentación de la denuncia ante la FGR, el caso escala del terreno administrativo al ámbito penal. Ahora corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existieron delitos, quiénes participaron y si hay elementos para fincar responsabilidades.
La investigación podría extenderse a distintos niveles de la estructura del INE, en un proceso que mantiene bajo revisión contratos, funcionarios y decisiones tomadas durante la anterior administración del organismo electoral.
