El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que el Ejecutivo federal no tiene facultades legales para eliminar el impuesto a los videojuegos, aprobado en octubre pasado como parte de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, por lo que será el Poder Legislativo quien deba corregirlo mediante una reforma.
En un documento público, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que el anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que informó su decisión de retirar el gravamen por su inviabilidad técnica, genera un problema jurídico, ya que el Ejecutivo no puede inaplicar un impuesto vigente por decisión administrativa.
“El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”, sostuvo Monreal.
El impuesto establece una tasa de 8 por ciento del IEPS a la compra física o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años, y está expresamente contenido en la Ley del IEPS y autorizado en la Ley de Ingresos 2026, por lo que entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
Monreal puntualizó que la falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no extingue la obligación tributaria, pues el hecho imponible, la tasa y el marco legal ya están definidos.
No obstante, el líder de Morena coincidió con la reflexión de la presidenta Sheinbaum y confirmó que el Congreso modificará la ley para derogar el impuesto, una vez que el Ejecutivo presente la iniciativa correspondiente.
“Coincidimos con su reflexión. El Congreso modificará la ley y, al recibir la iniciativa, votaremos sobre la probable derogación”, afirmó.
El gravamen implicaba una recaudación estimada de apenas 183 millones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Por ello, la Cámara de Diputados analiza si su eliminación requiere una reforma legal o si bastaría un decreto presidencial de exención.
Desde la oposición, el vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que la presidenta no puede vetar partes de la ley, pero sí podría emitir un decreto de estímulos fiscales que otorgue un crédito del 100 por ciento al IEPS, lo que neutralizaría el cobro sin modificar la legislación. Otra vía, dijo, sería una interpretación administrativa restrictiva por parte de Hacienda, aunque complicaría su aplicación.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, celebró el anuncio presidencial y recordó que desde el debate legislativo se advirtió que el impuesto era inviable en la práctica, al no existir una definición clara de qué se considera “violento”.
“Se abría una puerta peligrosa para que el gobierno decidiera qué es violento y cobrara impuestos con base en criterios subjetivos”, señaló.
Impacto en la industria mexicana
La industria nacional de videojuegos alertó desde septiembre sobre los riesgos del impuesto. La Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo de VideojuegosMX advirtió que el sector —integrado por al menos 44 estudios activos, más de 569 empleos directos y 71.7 millones de pesos en ingresos anuales— podría ver comprometida su viabilidad.
Actualmente, 86.6 por ciento de la facturación proviene de exportaciones, lo que posiciona al sector como competitivo a nivel internacional. Además, México cuenta con 72.6 millones de consumidores de videojuegos y un mercado valuado en más de 42 mil millones de pesos, con crecimiento sostenido.
La asociación alertó que el impuesto podría frenar inversiones extranjeras, afectar coproducciones internacionales y poner en riesgo eventos y proveedores especializados que generan una importante derrama económica en el país.
Mientras tanto, el futuro del impuesto queda en manos del Congreso, que deberá definir su derogación antes de que entre en vigor en 2026.
