La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate político al presentar su “Plan B” de reforma electoral, una propuesta que promete recortar privilegios, reducir el gasto público y aumentar la participación ciudadana, pero que ya genera tensión con la oposición y organismos electorales.
El eje central es claro: menos dinero a la política y más control al uso de recursos. La mandataria planteó topes a salarios de consejeros y magistrados electorales —tanto federales como locales— para que nadie gane más que la Presidencia, así como la eliminación de bonos, seguros privados y cualquier ingreso adicional financiado con recursos públicos.
Además, el plan busca reducir estructuras consideradas excesivas. En los municipios, el número de regidores se limitaría de un mínimo de siete a un máximo de 15, eliminando casos donde actualmente hay hasta 25. También se impondrían límites estrictos para que ningún funcionario municipal supere el salario presidencial.
En cuanto a los congresos locales, la propuesta establece un tope de gasto equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Quienes estén por encima deberán recortar, mientras que el Senado aplicaría una reducción progresiva de hasta 15% en su presupuesto.
Otro punto clave es el ajuste a los procesos democráticos. La revocación de mandato podría realizarse el primer domingo de junio del tercer año de gobierno —y no solo en el cuarto—, mientras que la elección del Poder Judicial se mantendría en 2027, con cambios para reducir el número de candidatos en las boletas y mejorar la revisión de perfiles.
Sheinbaum también insistió en que el Instituto Nacional Electoral debe reducir su presupuesto y que los partidos políticos deben transparentar en tiempo real el origen y uso de sus recursos, incluso con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar desvíos o financiamiento ilícito.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la iniciativa al señalar que el objetivo es terminar con los excesos: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó, al destacar que los ahorros se destinarían a infraestructura social en estados y municipios.
El “Plan B” modifica siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco de la Ley de Partidos Políticos, y ya fue enviado al Senado, donde se anticipa una discusión intensa.
Con esta jugada, el gobierno federal reabre el choque por el modelo electoral en México: austeridad contra autonomía, recortes contra operación institucional. La batalla apenas comienza.
💸 recortes y austeridad
- Tope salarial: nadie gana más que la Presidencia (incluye Instituto Nacional Electoral y tribunales).
- Eliminación de bonos, seguros médicos privados y extras.
- Senado reducirá gasto hasta 15%.
- Congresos locales: tope de 0.7% del presupuesto estatal.
🏛️ cambios en gobiernos locales
- Regidores: mínimo 7, máximo 15 (antes hasta 25).
- Solo 1 sindicatura por municipio.
- Ningún alcalde o regidor puede ganar más que la Presidencia.
🗳️ procesos electorales
- Revocación de mandato:
- Se mueve al 3er año (también puede ser en el 4º).
- Primer domingo de junio.
- Conteo de votos inicia al llegar el primer paquete.
- Uso de tecnología para fiscalización.
