La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un comité de alto nivel integrado por universidades públicas y especialistas para analizar nuevas tecnologías de fracking con menor impacto ambiental, en un movimiento que podría redefinir la política energética del país.
El grupo interdisciplinario incluye a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de centros de investigación como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Entre los perfiles destacados que ya forman parte del equipo se encuentran el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval; y el rector de la UAM, Gustavo Pacheco López.
También participan especialistas como el geólogo Manuel Martínez Morales, el ingeniero químico Jesús Humberto Romo Toledano, el ingeniero Samuel Alejandro Lozano Morales y la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, experta en temas hídricos.
A ellos se suman investigadores como Carlos Serralde Monreal, Carlos Aguilar Madera, Erick Emanuel Luna, Rosa María Hernández Medel, Elena Zenteno García, José Alberto Morquecho Robles y Fernando Camacho Ortegón, quienes forman parte de una comunidad científica más amplia convocada para este análisis.
El objetivo es claro: determinar si existen nuevas técnicas de fracturación hidráulica —con uso de componentes biodegradables y menor impacto ecológico— que permitan explotar gas “no convencional” en México sin comprometer recursos naturales ni comunidades.
Sheinbaum fue enfática: no hay una decisión tomada. El comité tendrá un plazo de dos meses para presentar una primera evaluación científica que permita definir si esta alternativa es viable y bajo qué condiciones.
Actualmente, México importa cerca del 75% del gas natural que consume desde Estados Unidos, lo que, según la mandataria, representa un riesgo para la soberanía energética. Por ello, no se busca apostar todo al fracking, pero sí evitar cerrar la puerta a posibles soluciones tecnológicas.
“Lo peor que podemos decir es solo no; vamos a investigar si hay nuevas tecnologías con menores impactos ambientales”, afirmó, al tiempo que garantizó que cualquier decisión futura incluirá consultas con las comunidades y no se impondrá ningún proyecto.
Entre las zonas potenciales se mencionó Coahuila, donde existen reservas compartidas con Estados Unidos, aunque también se analizarán otras regiones del país para evaluar riesgos y beneficios.
Por su parte, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, subrayó que el reto es lograr soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni los ecosistemas. “No estamos improvisando, estamos aplicando la ciencia para el bienestar social”, aseguró.
El anuncio marca un giro relevante en el discurso histórico contra el fracking dentro de la llamada Cuarta Transformación, abriendo un debate nacional entre la urgencia energética y la protección ambiental, ahora bajo el respaldo de la academia.
