miércoles, junio 3, 2026
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EE.UU. investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado

La presión de Estados Unidos sobre políticos mexicanos ligados presuntamente al crimen organizado sigue aumentando. Ahora, nuevas revelaciones apuntan a que las autoridades estadounidenses investigan a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, en una ofensiva que podría sacudir al partido gobernante Morena y tensar aún más la relación entre Washington y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con información difundida por periodistas de investigación de Los Angeles Times. ambos mandatarios estatales habrían sido objeto de investigaciones penales en Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Además, sus visas estadounidenses habrían sido canceladas en el marco de estas indagatorias.

La situación ocurre en un momento delicado para México, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense diera a conocer acusaciones contra diversos funcionarios relacionados con el partido oficialista, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado de presuntamente favorecer operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de beneficios políticos y económicos.

Durazo y Villarreal, bajo la lupa

Según las versiones difundidas, la investigación contra Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad federal y actual gobernador de Sonora, estaría relacionada con presuntos nexos con estructuras del crimen organizado que operan en una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Por otro lado, la investigación contra Américo Villarreal estaría vinculada al presunto contrabando de combustible robado, conocido en México como “huachicol”, una actividad ilícita que mueve millones de dólares y que tiene en Tamaulipas uno de sus principales puntos estratégicos.

Mientras tanto, Villarreal ha rechazado categóricamente cualquier señalamiento, asegurando que las acusaciones son falsas, carecen de pruebas y forman parte de una narrativa sin sustento.

Sheinbaum denuncia posible intervención política

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza a la creciente ofensiva judicial estadounidense. En recientes declaraciones, cuestionó si estas investigaciones realmente buscan combatir al crimen organizado o si forman parte de una estrategia política de sectores conservadores de Estados Unidos para influir en los procesos electorales de ambos países.

La mandataria mexicana ha insistido en que su gobierno defenderá la soberanía nacional y ha advertido que cualquier intento de intervenir en asuntos internos de México será rechazado.

Las declaraciones provocaron una respuesta directa del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien afirmó que la lucha contra los cárteles debería unir a ambos países y no convertirse en motivo de confrontación política.

Morena enfrenta una prueba crítica

Las investigaciones llegan en un momento especialmente sensible para Morena. Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte y 17 gubernaturas en disputa, la aparición de nuevos casos contra figuras relevantes del partido podría convertirse en un factor de alto impacto político.

Analistas consideran que cualquier nueva acusación contra gobernadores o dirigentes cercanos al oficialismo podría generar turbulencias dentro del movimiento encabezado por Sheinbaum y complicar la estrategia electoral rumbo a los próximos comicios.

La publicación en Los Angeles Times

La estrategia de Trump endurece la presión

La administración del presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su política contra los cárteles mexicanos. Además de catalogar a varios grupos criminales como organizaciones terroristas, Washington ha ampliado el foco de sus investigaciones hacia funcionarios públicos presuntamente vinculados con estas estructuras.

La cancelación de visas, las investigaciones penales y las solicitudes de extradición se han convertido en herramientas centrales de una estrategia que busca no solo perseguir a los líderes criminales, sino también a quienes supuestamente les brindan protección política.

Por ahora, ni Durazo ni las autoridades estadounidenses han emitido información oficial detallada sobre los expedientes. Sin embargo, las revelaciones han provocado inquietud en los círculos políticos mexicanos, donde crece la expectativa sobre quién podría ser el próximo funcionario en quedar bajo la mira de Washington.

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