martes, agosto 25, 2026
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¿Quién paga los vuelos privados de Mara Lezama? Cerca de 100 viajes en Jet de lujo donde también figura Gino Segura, PAN exige investigar

Quintana Roo.— La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta nuevos cuestionamientos políticos luego de que una investigación de Reforma, firmada por Ana Karen Celaya, documentara cientos de movimientos migratorios de la mandataria, su familia y el senador morenista Eugenio “Gino” Segura asociados con aeronaves privadas.

De acuerdo con la revisión publicada por el diario, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025 se contabilizaron 605 registros migratorios de entrada y salida de México correspondientes a Lezama y personas de su círculo familiar y político. De ellos, 283 estuvieron relacionados con aeronaves privadas.

La cifra, sin embargo, requiere una precisión importante: 283 registros no significan necesariamente 283 vuelos diferentes, pues cada pasajero genera su propio movimiento migratorio y una salida y un regreso pueden contabilizarse por separado.

Mara Lezama concentra 97 movimientos en aeronaves privadas

Según los datos citados por Reforma, Mara Lezama acumula 119 movimientos migratorios, de los cuales 97 estuvieron asociados con vuelos privados.

Los registros abarcan el periodo en que fue presidenta municipal de Benito Juárez —cuya cabecera es Cancún— y posteriormente su administración como gobernadora de Quintana Roo.

Su esposo, Omar Terrazas García, registra 129 movimientos migratorios, con 69 relacionados con aeronaves privadas.

En el caso de Eugenio “Gino” Segura, actualmente senador por Quintana Roo y uno de los nombres que aparece en la carrera política rumbo a la gubernatura, Diario Reforma contabilizó 88 movimientos migratorios, de los cuales 19 estuvieron vinculados con vuelos privados.

Además, la investigación señala que en 35 ocasiones Mara Lezama compartió aeronave con integrantes de su familia o con Segura.

Y ahí aparece una de las preguntas políticamente más incómodas: ¿quién pagó esos traslados?

El PAN quiere saber quién puso el dinero

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez y el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez solicitaron que la Secretaría Anticorrupción investigue los vuelos.

La petición busca determinar quién contrató y pagó las aeronaves, qué empresas estuvieron involucradas y, especialmente, si esas compañías tienen o tuvieron contratos con los gobiernos encabezados por Mara Lezama.

La revisión que plantea la oposición incluye tanto el periodo de Lezama como alcaldesa de Benito Juárez como su actual administración estatal.

El punto central no es solamente cuántas veces se utilizaron aviones privados, sino de dónde salió el dinero para pagarlos y si existió alguna relación comercial con gobiernos encabezados por la gobernadora.

Y aquí es donde el caso adquiere una dimensión política mayor.

Porque si los vuelos fueron pagados con recursos personales, empresariales o de terceros, la documentación correspondiente podría aclararlo. Pero si existieran contratos gubernamentales con empresas vinculadas con las aeronaves, entonces la investigación tendría que determinar si hubo algún conflicto de interés, beneficio indebido o utilización irregular de recursos públicos.

Hasta ahora, nada de eso está acreditado.

La contradicción con la austeridad de Morena

Los cuestionamientos tampoco provinieron exclusivamente del PAN.

Legisladores de Morena y del PT también señalaron que, si la información publicada por Reforma es correcta, el uso frecuente de aeronaves privadas tendría que explicarse frente al discurso de austeridad que históricamente ha defendido la Cuarta Transformación.

El diputado morenista Arturo Ávila llamó a respetar los lineamientos éticos del movimiento.

El senador morenista Óscar Cantón Zetina fue más directo al señalar que, si la información era válida, el comportamiento no correspondería con el espíritu de la 4T y su principio de austeridad republicana.

El petista Reginaldo Sandoval también recordó la obligación de los funcionarios de respetar esos principios.

Así, el asunto dejó de ser exclusivamente una acusación de la oposición y comenzó a generar preguntas dentro del propio bloque oficialista.

¿Y qué tiene que ver Gino Segura?

La presencia de Eugenio “Gino” Segura resulta políticamente relevante.

Segura ha ocupado distintos cargos dentro de administraciones relacionadas con Mara Lezama. Fue Oficial Mayor durante el gobierno municipal de Cancún y posteriormente secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

Actualmente es senador y figura entre los perfiles que buscan posicionarse rumbo a la sucesión estatal.

Por eso, que los registros revisados por Reforma documenten viajes compartidos entre Lezama, integrantes de su familia y Segura añade un componente político al debate.

No significa que esos vuelos constituyan por sí mismos una irregularidad.

Pero sí plantea una pregunta legítima que las autoridades podrían responder con documentos:

¿Quién pagó cada traslado y bajo qué condiciones?

Nueve aeronaves aparecen en los registros

La investigación identificó nueve aeronaves privadas utilizadas en distintos movimientos.

Entre ellas aparecen dos Gulfstream G200 con las matrículas XA-PKR y XA-GLF.

Los registros citados relacionan a Pabe-Tax como operador de ambas aeronaves. En el caso del XA-GLF, también aparece Flycorp Services vinculada como propietaria, de acuerdo con la información aeroportuaria retomada por Reforma.

La existencia de estos registros no demuestra que Mara Lezama sea propietaria de los aviones, ni tampoco acredita por sí misma quién contrató las aeronaves.

Ese matiz resulta fundamental para evitar convertir una investigación periodística en una acusación que todavía no ha sido probada por una autoridad.

La pregunta que sigue sin respuesta

El dato más explosivo no necesariamente es el número de movimientos.

La verdadera incógnita es el dinero.

Los registros migratorios y aeroportuarios permiten identificar entradas y salidas, aeronaves, matrículas y determinados trayectos. Pero no necesariamente revelan quién pagó el servicio.

Por eso, la investigación que exige el PAN tendría que cruzar los registros de vuelo con:

  • contratos gubernamentales;
  • cuentas públicas;
  • proveedores;
  • empresas operadoras de las aeronaves;
  • declaraciones patrimoniales;
  • posibles facturas y comprobantes de pago;
  • y cualquier relación comercial con los gobiernos de Benito Juárez y Quintana Roo.

Ahí estaría la verdadera prueba.

Porque tener registros de vuelos privados no demuestra automáticamente que se hayan utilizado recursos públicos.

Pero tampoco responde la pregunta de quién financió los traslados.

Mara Lezama responde por los vuelos privados, pero deja abiertas las preguntas clave

La respuesta de Mara Lezama llegó a través de sus redes sociales a los cuestionamientos por sus viajes en aeronaves privadas buscó cerrar la polémica, pero terminó dejando varias de las preguntas centrales sin una respuesta concreta.

La gobernadora de Quintana Roo aseguró que algunos de sus viajes fueron realizados por motivos personales y familiares, así como por sus responsabilidades como servidora pública, y sostuvo de manera tajante que “jamás fueron solventados con dinero público”.

Sin embargo, esa afirmación abre inmediatamente otra pregunta: si no fueron pagados con recursos públicos, entonces ¿quién pagó los vuelos privados?

En su posicionamiento, Lezama no identifica a las personas, empresas o mecanismos mediante los cuales fueron cubiertos esos traslados. Tampoco presenta, al menos en el mensaje difundido, comprobantes, facturas, contratos o documentación que permita conocer el origen de los recursos utilizados para pagar las aeronaves.

Y ese es precisamente uno de los puntos que legisladores de oposición solicitaron investigar.

Ser madre no explica quién pagó los vuelos

Otro de los argumentos utilizados por la gobernadora fue su condición de madre.

Lezama afirmó que sus responsabilidades como servidora pública y su rol como madre la obligaron a combinar ambas responsabilidades de manera eficiente.

El argumento puede explicar por qué una persona podría necesitar viajar, pero no responde la pregunta sobre por qué esos traslados se realizaron en aeronaves privadas ni quién cubrió su costo.

El debate tampoco debería centrarse en su maternidad. Ser madre no está siendo cuestionado.

Lo que se encuentra bajo escrutinio es el uso de aeronaves privadas, el financiamiento de esos viajes y las posibles relaciones entre quienes operaron o proporcionaron esos servicios y los gobiernos que ha encabezado.

Por eso, la explicación habría sido mucho más contundente si, además de negar el uso de dinero público, hubiera presentado información concreta sobre quién pagó los vuelos y cuánto costaron.

También cuestiona la cifra, pero no explica los registros

Lezama señaló que el número de viajes que circula “no es real” y argumentó que implicaría prácticamente estar de vacaciones durante un año.

Pero aquí existe una distinción importante.

Los datos publicados por Reforma hablan de registros migratorios y movimientos asociados con aeronaves privadas, no necesariamente de 283 vuelos independientes realizados por Mara Lezama.

La propia información publicada distingue entre los movimientos de la gobernadora, su esposo, sus hijos, su hermano y Eugenio “Gino” Segura.

Por ello, cuestionar la cifra sin explicar qué registros considera incorrectos, cuáles desconoce y cuáles reconoce deja nuevamente una zona gris.

La pregunta no es solamente cuántos viajes hizo.

La pregunta es qué viajes reconoce, en qué aeronaves fueron realizados, quién los pagó y bajo qué concepto.

La negación sobre Gino Segura requiere una explicación documental

Quizá la afirmación más delicada de su posicionamiento es aquella en la que Mara Lezama asegura que es “totalmente falsa” la información sobre viajes con el senador con licencia Eugenio “Gino” Segura.

Esto merece una revisión particularmente cuidadosa porque, de acuerdo con la investigación citada, existen registros que vinculan a Segura con vuelos privados dentro del mismo universo analizado.

Si la gobernadora sostiene que nunca viajó con Segura, la manera más contundente de despejar la duda sería precisar qué registros son falsos o incorrectos y presentar la documentación que contradiga esos datos.

Una negación política puede generar una respuesta inmediata, pero los registros aeroportuarios y migratorios se resuelven con documentos.

La gran pregunta sigue intacta

Mara Lezama también recordó que proviene de la sociedad civil, que trabajó durante más de tres décadas en la iniciativa privada y que su esposo y sus hijos nunca han participado en política.

Todo ello forma parte de su defensa pública.

Pero tampoco responde la pregunta principal que detonó el nuevo episodio:

¿Quién pagó los vuelos privados?

La gobernadora ha negado que hayan sido financiados con dinero público. Esa es una afirmación clara y debe ser tomada como tal.

Ahora corresponde, en todo caso, comprobarla documentalmente.

Porque si los viajes fueron pagados con recursos personales o familiares, transparentar su origen podría contribuir a cerrar el cuestionamiento. Y si existieron terceros que cubrieron los servicios, también sería relevante conocer quiénes fueron y bajo qué condiciones.

Por ahora, la respuesta de Mara Lezama niega el uso de recursos públicos, rechaza la versión sobre viajes con Gino Segura y cuestiona la interpretación de las cifras, pero no detalla quién pagó las aeronaves, cuánto costaron los traslados ni presenta en su posicionamiento la documentación que permita verificar esas afirmaciones.

Y justamente ahí permanece el principal problema para la gobernadora: la discusión ya no es solamente cuántas veces viajó en un avión privado, sino quién pagó esos vuelos y si existe alguna relación entre los proveedores de las aeronaves y los gobiernos que ha encabezado.

Hasta que esas preguntas sean respondidas con documentos, la explicación de Mara Lezama difícilmente podrá considerarse el cierre de la polémica.

Fuente: Agencia Reforma, Ana Karen Celaya.

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