La presión sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a aumentar este sábado 22 de agosto, luego de que Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), publicara en X un contundente mensaje dirigido al mandatario: “Es hora de rendir cuentas”.
Maltz acompañó su publicación con parte del comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con la acusación formal presentada en abril de 2026 contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes las autoridades estadounidenses vinculan presuntamente con actividades relacionadas con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
El mensaje ocurre en un momento particularmente delicado para el gobernador. Rocha Moya apenas había regresado al cargo 32 horas antes, después de permanecer 112 días separado de la gubernatura, y este mismo sábado solicitó al Congreso de Sinaloa una segunda licencia, de carácter indefinido y por más de 30 días.
Pero Maltz no se quedó ahí.
Horas antes de su publicación más reciente, el exfuncionario estadounidense había etiquetado directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para pedir una operación de arresto y deportación contra Rocha Moya hacia Estados Unidos.
“Necesitamos otra operación de arresto y deportación de alto nivel a Estados Unidos. Así que Rocha tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.
La acusación que volvió a poner a Rocha en el centro de la polémica
En su publicación más reciente, Maltz retomó declaraciones incluidas en el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense difundido el 29 de abril de 2026, en el que participaron el entonces fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
El documento sostiene que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con el nivel de libertad y éxito que alcanzan sin la presunta colaboración de funcionarios corruptos.
La acusación formal identificada como S9 23 Cr. 180 atribuye a Rocha Moya tres cargos relacionados con narcotráfico y armas: conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante delitos de tráfico de drogas y conspiración para poseer ese armamento.
De acuerdo con el documento estadounidense, los cargos en conjunto contemplan penas que podrían llegar hasta cadena perpetua.
La acusación también sostiene que Rocha Moya habría permitido que Los Chapitos ejercieran control sobre corporaciones de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa, a cambio de presunto respaldo electoral y protección política.
Ojo: una imagen difundida por Maltz contiene cargos que no corresponden a Rocha
La publicación del exfuncionario incluyó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece Rocha Moya frente a la bandera mexicana y el sello del Departamento de Justicia estadounidense.
Sin embargo, existe un punto importante: la imagen enumera cargos que no pesan contra Rocha Moya en Estados Unidos. Los cargos que sí aparecen en la acusación formal son los relacionados con importación de narcóticos y posesión o conspiración para poseer armamento durante delitos de tráfico de drogas.

Rocha rechaza las acusaciones
El gobernador ha rechazado las acusaciones estadounidenses y las ha calificado como “falsas”, “patrañas” y “calumnias”.
También argumentó que la Fiscalía General de la República señaló que no existen elementos suficientes para acreditar su participación en una conducta penal.
No obstante, la Secretaría de Gobernación se deslindó de su decisión de regresar al cargo, señalando que se trató de una determinación personal, y aclaró que las investigaciones de la FGR relacionadas con los señalados continúan abiertas.
Ahora, tras apenas 32 horas de haber regresado a la gubernatura, Rocha Moya volvió a solicitar licencia.
La combinación de su regreso, la nueva solicitud de licencia y los mensajes públicos de Maltz coloca nuevamente al gobernador sinaloense en el centro de una fuerte controversia política y judicial.
La pregunta que queda en el aire es qué ocurrirá con Rocha Moya después de esta nueva solicitud de licencia y hasta dónde llegará la presión de Estados Unidos.








