La administración de Donald Trump impuso un nuevo arancel de 10% a México como parte de una medida que alcanza a 60 economías y que Washington justifica por la falta de acciones suficientes para prohibir y hacer cumplir restricciones a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de tensión. El gobierno del presidente Donald Trump anunció la aplicación de un arancel adicional de 10% a las importaciones procedentes de México, dentro de una nueva ronda de medidas comerciales dirigidas contra 60 economías.
La decisión fue tomada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, después de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, sobre las políticas de distintos países para impedir la entrada de productos fabricados mediante trabajo forzoso.
De acuerdo con Washington, México se encuentra entre las economías que no han impuesto o aplicado de manera suficientemente efectiva una prohibición para impedir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso. Por ello, Estados Unidos determinó aplicar una tasa de 10% dentro de este nuevo esquema arancelario.
La medida también alcanza a países como Canadá, Argentina, India, Indonesia, Reino Unido, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, entre otros. Para determinadas mercancías de economías como la Unión Europea, Japón, Corea, Taiwán y Suiza, el arancel puede ubicarse entre 10% y 12.5%, dependiendo de las tasas aplicables y de las excepciones establecidas por Washington.
¿El nuevo arancel afectará a todas las exportaciones mexicanas?
Este es uno de los principales puntos de incertidumbre tras el anuncio de Trump.
La Secretaría de Economía de México había informado previamente que las mercancías que cumplieran con las reglas de origen del T-MEC quedarían fuera de la posible aplicación de este arancel, por lo que el impacto no necesariamente será uniforme para todos los productos mexicanos que ingresan al mercado estadounidense.
La propia USTR también estableció diversas excepciones para determinados productos y sectores, entre ellos mercancías sujetas a otros aranceles de la Sección 232 y productos cuya imposición pudiera provocar interrupciones económicas o problemas de suministro en Estados Unidos.
Por ello, uno de los aspectos que deberán determinar las empresas mexicanas será qué productos quedan efectivamente sujetos al nuevo gravamen y cuáles mantienen un tratamiento preferencial al cumplir con las reglas del T-MEC.
Nueva presión sobre México
El anuncio llega en un momento especialmente delicado para la relación bilateral, debido a la revisión del T-MEC y a las recientes negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
La decisión también se produce después de la visita a México del representante comercial estadounidense Jamieson Greer, quien sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Para la administración Trump, sin embargo, la medida forma parte de una política más amplia para combatir el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro. La USTR asegura que Estados Unidos mantiene desde hace décadas una prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso y considera que sus socios comerciales deben adoptar mecanismos similares.
La investigación comenzó meses atrás y contempló consultas con más de 45 gobiernos, además de audiencias públicas y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios relacionados con las investigaciones y las medidas propuestas.
Así, mientras Washington defiende el nuevo arancel como una herramienta para combatir el trabajo forzoso y lo que considera una práctica comercial desleal, México enfrenta un nuevo frente de negociación con su principal socio comercial, en un momento en que ambos países buscan definir el futuro del T-MEC y las condiciones para mantener el acceso preferencial de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.
