El gobierno de Estados Unidos lanzó una de las acusaciones más graves en años contra funcionarios mexicanos, al señalar directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, la acusación formal incluye a nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos legisladores, mandos policiales y autoridades estatales y municipales.
Según el Departamento de Justicia, los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios.
La investigación sostiene que varios de los acusados colaboraban directamente con la facción de “Los Chapitos”, ligada a Joaquín Guzmán Loera, proporcionando protección institucional, filtrando operativos y garantizando impunidad en Sinaloa.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 tras un proceso electoral presuntamente influenciado por el crimen organizado mediante intimidación a opositores. A cambio, se le acusa de ofrecer protección al cártel.
Entre los implicados también figura Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos policiales acusados de escoltar cargamentos de droga y colaborar en actividades criminales.
El caso incluye acusaciones extremas, como la imputación contra un excomandante municipal por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA en 2023.
Además, documentos judiciales detallan pagos mensuales a funcionarios para alertar al cártel sobre investigaciones en curso, lo que habría permitido a la organización evadir operativos y fortalecer su estructura.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Todos los acusados permanecen en México y, conforme a la ley, se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
Esta acusación forma parte de una ofensiva más amplia iniciada desde 2023 por Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa, en la que ya se han presentado cargos contra más de 30 personas vinculadas a dicha organización.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que el narcotráfico no podría operar a gran escala sin la presunta complicidad de funcionarios públicos, señalando que estos vínculos representan una amenaza directa para las instituciones.
