La presión política sobre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, escaló este viernes 12 de junio luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara el inicio de un juicio político en su contra por presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación de recursos públicos que, según las acusaciones, involucraría cerca de mil millones de pesos.
Con seis votos a favor y uno en contra, los legisladores de las bancadas del PRI, PAN y una diputada de Morena respaldaron el procedimiento, mientras que el único voto en contra provino de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el mandatario estatal.
La solicitud fue promovida por Morena desde el pasado 8 de junio y ahora avanzará al Pleno del Congreso de Nuevo León, donde continuará el proceso legislativo. Como parte del procedimiento, Samuel García deberá ser notificado oficialmente y contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su declaración, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante un representante legal.
Las acusaciones que detonaron el proceso
El juicio político surge en medio de señalamientos relacionados con una investigación que apunta a una presunta red de triangulación de recursos públicos hacia empresas y despachos vinculados con familiares del gobernador.
De acuerdo con las denuncias, recursos del gobierno estatal habrían sido canalizados a través de diversos mecanismos financieros hasta llegar al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos accionistas principales serían familiares directos de Samuel García, entre ellos su padre y su medio hermano.
Posteriormente, según las investigaciones difundidas, parte de esos recursos habrían sido transferidos a la empresa inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, la cual presuntamente recibió más de mil millones de pesos antes de que el dinero fuera enviado a distintas jurisdicciones fuera de México, incluyendo cuentas en Estados Unidos.
Una sesión marcada por ausencias y tensión política
La discusión en la Comisión Anticorrupción estuvo rodeada de polémica debido a la ausencia de varios legisladores de Morena y del Partido Verde, quienes argumentaron compromisos previos y problemas de salud.
Pese a ello, la sesión extraordinaria continuó y los integrantes presentes aprobaron el dictamen para dar inicio al procedimiento contra el gobernador.
La solicitud fue impulsada por la dirigente estatal de Morena en Nuevo León, Anabel del Roble Alcocer, quien acusó al mandatario de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
Samuel García rechaza los señalamientos
Tras darse a conocer las acusaciones, Samuel García negó categóricamente cualquier irregularidad y calificó las denuncias como un “refrito” de casos que, según afirmó, ya fueron investigados por autoridades estatales.
El mandatario sostuvo que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León revisó previamente los hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal al no encontrar elementos que acreditaran alguna conducta ilícita.
“Son falsos todos los señalamientos”, aseguró el gobernador en sus redes sociales, al afirmar que las investigaciones estatales concluyeron que no existían irregularidades.
Ahora, el caso entra en una nueva etapa política y jurídica que podría convertirse en uno de los procesos más polémicos en la historia reciente de Nuevo León, mientras el Congreso local analiza si existen elementos suficientes para avanzar en el juicio político contra el mandatario emecista.
